JALISCO: UN REGISTRO DE DESAPARICIONES QUE NO CUADRA

Por Dalia Souza / @DalhiaSouza

Gráficos y estadísticas: Darwin Franco / @DarwinFranco

Fotografía portada: Hector Guerrero / @MexHector

“En Jalisco la información sobre este tema (las desapariciones) no volverá a estar oculta”, así lo aseguró el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, el pasado 20 de marzo durante la presentación de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco; en este evento que se llevó a cabo en el Instituto Cultural Cabañas, además agregó que: “Se han hablado de muchas cifras, pero la verdad del tamaño del problema, es que hoy, nos faltan en Jalisco: 7 mil 117 personas”. 

Esta “realidad oficial”, ahora puede consultarse en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), plataforma pública y virtual con la que el ejecutivo estatal pretende cumplir con las obligaciones que le mandata, la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares, vigente desde noviembre de 2017. 

“Visibilizar y dimensionar el problema de las desapariciones en la entidad” es lo que pretende este sistema que, a la par, se plantea como un “nuevo modelo” de sistematización de la información sobre los casos de desaparición de personas en Jalisco. Con este planteamiento, el ahora llamado SISOVID, ofrece, según precisó Alfaro Ramírez, “información adecuada y oportuna sobre las desapariciones en el estado”, lo cual hace “resguardando los datos personales de las víctimas”.

No obstante, luego de analizar los datos que el portal proporciona; de contrastar este contenido con diversas solicitudes de información que ZonaDocs ha realizado a la Fiscalía General de Jalisco sobre el tema y, tras consultar estos hallazgos con expertos y expertas en la materia (abogados, académicos y organizaciones civiles); se cuestiona si el SISOVID es, en realidad, un sistema modelo de transparencia y acceso a la información sobre el delito de la desaparición en Jalisco, o si, sólo se trata de un informe estadístico -oficialmente reconocido- que documenta las cifras sin ofrecer ningún contexto.

Al respecto, preocupa a las y los expertos que el nuevo portal no responde al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad; tampoco garantiza el acceso a datos contextualizados que permitan dimensionar el delito; incluso, advierten, con inquietud, que la información que se presenta no es del todo accesible, transparente ni abierta.

En ese sentido, sugieren que, al carecer de un planteamiento de análisis y contexto sobre la situación de las desapariciones en el estado, el SISOVID difícilmente podría permitir a la sociedad civil organizada y a la sociedad civil de a pie, crear a corto, mediano y largo plazo estrategias de prevención del delito y autocuidado.

De manera específica, alarma al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que las cifras públicamente reconocidas en el SISOVID no coinciden e, incluso, presentan discrepancias con aquellas que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, proporciona sobre el mismo delito a través de solicitudes de información. Hay que precisar que esta organización para la defensa de los derechos humanos de las personas en Jalisco, realiza un monitoreo continuo para documentar la situación de las desapariciones en el estado.

Al mismo tiempo, ZonaDocs, ha confirmado y contrastado las diferencias estadísticas que existen entre el SISOVID y la sistematización propia de la información recabada mensual, semestral y anualmente, vía solicitudes de acceso a la información, sobre los casos de personas desaparecidas en Jalisco. La diferencia es de mil 582 desapariciones.

Discrepancias numéricas o “errores de dedo”.

De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), un total de 7 mil 117 personas han sido desaparecidas hasta 8 de marzo de 2019 en el estado de Jalisco; sin embargo, hemos identificado que, dada la disposición de la información en las gráficas y tablas que proporciona la “plataforma”, es difícil establecer con claridad en qué año inicia el conteo, ya que, en el caso de los hombres desaparecidos éste comienza en 1995 y en las mujeres en 2001; a ello, se suma la ausencia de datos en los años 1996 y 2000. La plataforma no explica el por qué de estas inconsistencias.

En tanto, la base de datos elaborada por ZonaDocs, contabiliza desde el año 2006 y hasta el 28 de febrero de 2019, 8 mil 235 personas desaparecidas en el estado de Jalisco, lo que equivale a una diferencia de mil 582 casos por encima de los datos registrados en el sistema público, siendo que ambos (SISOVID y las solicitudes de acceso a la información) obtienen la información de la misma fuente: la Fiscalía General de Jalisco. 

Aún y cuando el SISOVID proporciona datos sobre las desapariciones de larga data -previas al año 2000 y al inicio de la Guerra contra el narcotráfico en el 2006-, las cifras que éste ofrece se posicionan por debajo de las que recuentan en los últimos 12 años; incluso, si sumáramos éstas la proporción no rebasaría los 200 casos.

Como puede observarse en la siguiente gráfica comparativa, las discrepancias más representativas se encuentran en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, siendo éste último, el año que más discrepancia presenta con 701 desapariciones.  

De igual forma, durante el primer bimestre del año 2019, el registro oficial reconoce 516 casos de desaparición en el estado, mientras que, ZonaDocs calcula una cifra de 540 personas desaparecidas; es decir, 24 casos más en lo que va del año corriente; así se precisa en las solicitudes FE/UT/599/2019 y FE/UT/1379/2019realizadas por este medio.

Es importante reiterar, que el registro propio ha sido integrado con los datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, vía solicitudes de acceso a la información; razón por la cual no debería de existir discrepancia entre la información del SISOVID y la que, vía transparencia, se le entrega a los ciudadanos.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), ha contabilizado desde el año 2006 y hasta el 31 de enero de 2019, la cifra de 7 mil 788 personas desaparecidas; es decir, 671 casos más que el registro público.

En ese sentido, Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad, precisa que las cifras presentadas en el SISOVID sobre el total de mujeres desaparecidas en la entidad, no coinciden con la información estadística que han logrado documentar a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco. De acuerdo con la también abogada, la plataforma reconoce 928 casos de mujeres desaparecidas, mientras que, la organización ha contabilizado mil 279, lo que significa una diferencia de menos 351 mujeres, adolescentes y niñas.

Para la organización, esta inconsistencia estadística cuestiona la veracidad de la información que proporciona la plataforma pública: “Vemos que los números no coinciden y hay discrepancias, lo que nos cuestiona la credibilidad y la confiabilidad respecto a la plataforma”, afirmó.

Al cuestionársele directamente esta discrepancia al Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís, éste precisó: “No sé qué datos tengan Ustedes, pero lo que hay en la plataforma: representa el dato oficialmente reconocido“,  y que de existir alguna diferencia numérica, ésta: “no puede interpretarse como dolosa, pues podría ser sólo un error de dedo”.

Un error que, por lo menos, genera una discrepancia donde mil 882 personas desaparecidas fueron igualmente desaparecidas del registro estatal sobre la materia.

Sin acceso a la verdad

Francisco Macías, abogado especialista en derechos humanos y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), explica que todas aquellas plataformas que pretenden integrar datos y/o información estadística contextual sobre los delitos que suponen un ataque grave a los derechos humanos -como es en este caso la desaparición de personas- deben garantizar el acceso al derecho a la verdad que ostentan las víctimas y la sociedad.

Señala que, si bien ,el SISOVID se posiciona como un reconocimiento oficial-discursivo de los casos de desaparición en Jalisco, no debe obviarse que esta acción, además, se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mantiene en relación al respeto a los derechos humanos. Desde su análisis, la plataforma, de la que cuestiona, incluso, su carácter como tal, se desarrolló bajo criterios visuales y no en virtud del acceso a este derecho humano internacional, humanitario e inalienable: “Evidentemente la plataforma que se desarrolló más con un criterio visual; las plataformas no deben responder a lo visual, tienen que obedecer al derecho a la verdad. En esta parte el SISOVID presenta vacíos” ´precisó el experto.

En ese sentido, precisa que nos encontramos frente a un repositorio de datos mínimos que no cumplen con dos criterios básicos: 1) información pública y suficiente, que sea capaz de garantizar resultados eficaces en la investigación, y 2) búsqueda de las personas desaparecidas en el estado.

“Si va a haber una plataforma no es solo para hacerla en un lenguaje visual, sino es para que se tenga claridad para hacer eficaces las investigaciones”, advirtió Macías. Considera, además, que como sociedad estamos siendo testigos una vez más de una práctica endógena de gobierno, donde los procesos de democracia y gobernanzas han sido utilizados como retórica y no como una realidad fehaciente. 

¿Dónde están los desaparecidos? Y el derecho a la identidad

Dolores del Carmen Chinas, abogada y académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad, cultura de paz y desapariciones, asegura que el SISOVID no puede ser considerado una plataforma accesible, transparente y abierta que permita dimensionar ampliamente la problemática de las desapariciones en Jalisco: “No creo que sea una plataforma, es un informe muy a groso modo de la cantidad de personas que están desaparecidas en Jalisco; cuántos son hombres, cuántas son mujeres y hasta ahí, no le veo mayor detalle a los datos, no están desagregados, no se pueden cruzar, no hay un sistema como tal de consulta, ni siquiera es un registro de personas, es más bien una estadística que ya se había informado”, señaló.

Al respecto, preocupa a la especialista, que este sistema carezca de un registro abierto que permita a los familiares de personas desaparecidas consultar y corroborar si su ser querido se encuentra dentro de la base de datos oficial.  

Con ello, sentencia, “cada uno de eso 7 mil que reportan tiene una identidad”, por ello, “se esperaría que si ya tienen esas investigaciones abiertas y si ya detectaron que son 7 mil, pues entonces, ahora deberíamos tener en una base de datos que ofrezca información sobre quiénes son, su nombre, su apellido, las edades, las zonas en las que viven, si tienen o no muestra genética para contrastar, una serie de datos que pudieran evidenciar que hay un proceso de búsqueda”.

Sin análisis de contexto ¿cómo desarrollar estrategias de prevención y autocuidado?

Tanto para Dolores del Carmen Chinas, como para Francisco Macías, resulta preocupante que los datos que se presentan en este sistema, no proporcionen información sobre el contexto delictivo y de inseguridad que rodea al estado en materia de desapariciones, aun cuando se ha reconocido que más de 7 mil personas se encuentran afectadas directamente por este delito.

Macías, refiere que las gráficas y los mapas de calor que se presentan dentro del SISOVID son apenas “básicos” y no resultan útiles para desarrollar estrategias de prevención y auto-cuidado entre la sociedad civil organizada y la sociedad civil de a pie. Señala, además, que ofrecer esta información contextualizada debería ser una obligación para todas las corporaciones, incluidas, las municipales y regionales para conocer la situación de violencia y riesgo que experimentan las comunidades al interior del estado.

Al respecto, es importante precisar que los mapas regionales que se presentan en este sistema, carecen de un desglose de información específica sobre el delito por municipio. Estas prácticas, evidencian que nos encontramos frente a un modelo jerarquizado: “donde la información es para el estado y no para la ciudadanía”, aseguró Macías.

Dolores de Carmen Chinas, coincide en que es necesario contar con herramientas que permitan establecer el contexto de las desapariciones en el estado, puesto que, éstas resultan vitales para el desarrollo de la búsqueda de la persona desaparecida. Asimismo, que garanticen, además, el acceso a información abierta y útil que permita a las personas el desarrollo e implementación de estrategias de prevención y auto-cuidado, así como, el diseño de políticas públicas:

“Hay que situar el lugar específico donde se están presentando las desapariciones para poder relacionarlo con fenómenos de inseguridad, violencia o delincuencia de carácter local y por ahí comenzar a buscar pistas, para solucionar… porque el tema no sólo es localizarles y darle identidad a los que permanecen sin ésta, sino las acciones preventivas, ya que si no establezco un análisis de contexto, no puedo diseñar políticas públicas ni hacer acciones de prevención”, precisó la investigadora.

¿Qué elementos debe incluir el SISOVID?

Además de reconocer que las cifras publicadas en el sistema presentan discrepancias sustanciales sobre los casos de desaparición en el estado de Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) considera que éste debe incorporar algunos elementos básicos de contenido para consolidarse como una plataforma capaz de visibilizar y reconocer la problemática de las desapariciones en el estado:

1) Enfoque diferenciado: profundizar en los casos de menores de edad, mujeres, personas extranjeras, defensores de derechos humanos y periodistas como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

2) Distinción en la tipificación del delito: proporcionar información sobre cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas –cometidas por anuencia o aquiescencia de elementos del Estado- y cuántos a desapariciones cometidas por particulares, según lo establecido en la Ley General de Desaparición. Para Cepad, esta información es importante para poder dimensionar la responsabilidad del Estado en el fenómeno de las desapariciones.

3) Análisis de contexto: como sociedad tenemos derecho a conocer la gravedad y la magnitud de la problemática de las desapariciones:

Perfiles de las víctimas

Patrones de desaparición y modus operandi

Información geográfica y/ geolocalizada sobre las zonas con mayor incidencia del delito

Información detallada sobre la situación de los municipios y ciudades al interior del estado.

4) Eficacia de las estrategias de búsqueda e investigación: proporcionar información sobre cuántas personas son reportadas como desaparecidas y cuántas son localizadas –con vida o sin vida-.

Ante esto; ¿qué dice la autoridad?

Tras preguntarle de manera expresa al Fiscal General del Estado Gerardo Octavio Solís, sobre las discrepancias entre las cifras del SISOVID y las documentadas de manera propia, vía solicitudes de acceso a la información, éste no dudo en manifestar que sería necesario “sentarse a revisar”.

Según dijo, se trata de “cifras dinámicas” que se actualizan diariamente en función del número de denuncias que se presentan por desaparición de personas y sobre aquellos casos donde las personas son localizadas –con vida o sin vida-.  Manifestó, además, que: “no quisiéramos entrar en una controversia si es que existiera esta diferencia de cifras”, puesto que, “la base de datos del área de desaparecidos está consolidada”.

Con ello, advirtió que la página del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) no ofrecerá una actualización “momento a momento”, aunque no precisó con certeza en qué temporalidad se presentarán sus actualizaciones.

Aseguró también que la cifra oficial: “es ésta (la que presenta el SISOVID)”, y que, de existir alguna diferencia entre las cifras, podría responder a “un error de actualización del sistema” o, incluso, a un “error de dedo, pero nunca a un error doloso o con el ánimo de maquillar las cifras”.

Sobre la posibilidad de homologar el sistema estatal de registro con la plataforma nacional, dijo no tener problema para hacerlo, ya que: “la información que tenemos capturada se puede migrar fácilmente a cualquier otro formato”; sin embargo, señaló tajantemente que: “no hay posibilidades de que los datos sobre carpetas, averiguaciones previas y/o expedientes, sean publicados”.

Afirmó que esta decisión fue consultada con el titular de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien advirtió que para subir “este tipo de información” resulta necesario contar con la anuencia de los familiares, puesto que, es de carácter reservado.

Finalmente, el Fiscal General, finalizó señalando que las decisiones que se han tomado respecto al sistema, responden a criterios de “carácter jurídico y humanitario”, aunque lo cierto es que existen discrepancias sobre los datos que la dependencia a su cargo muestra en el SISOVID y los que sobre el mismo tema, otorgan vía transparencia; lo cual no tendría que ser así porque, como él mismo señala, es información que tiene el mismo origen: el número real y activo de indagatorias por desaparición de personas en Jalisco.