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LOS FEMINICIDIOS NO ZARANDEAN AL GOBIERNO DE JALISCO

Por: Jade Ramirez / @jadercv

El silencio y la dilación es lo que invade cada feminicidio que se suscita en el estado. Para las autoridades responsables de emprender todas las acciones que significan una Alerta de Violencia de Género a la Mujer el tiempo no corre.

Después de que Enrique Alfaro Ramirez desaprovechó la oportunidad de enviar un mensaje contundente de rechazo a la violencia de genero perpetuada en asesinatos violentos, el sábado pasado mientras se realizaba una vigilia por el feminicidio a Vanesa Gaytán en presencia de policías estatales y escoltas del fiscal general, la exigencia se eleva por organismos civiles: investigar el inadecuado procesamiento de las órdenes de protección “que se han emitido a destajo”, afirmó Alejandra Cartagena acompañada de Edith Olivares del área de incidencia de Amnistía Internacional México.

El que el escolta del fiscal general testigo presencial del feminicidio haya baleado al agresor de Vanesa de tal manera que resultó la muerte, “no cierra el caso”, sostuvieron. El órgano de control interno en la Fiscalía General de Jalisco tenería que estar iniciando una investigación de los hechos. Sin embargo ante el cuestionamiento de cómo la FGE se auto investigaría en el caso, Cartagena señaló a la visitaduría y el Centro de Justicia para la Mujer que debe someterse a una compostura sí o sí pues asegura hablar de su desempeño omiso plantea que se trata de un hecho aislado “y es la norma”.

Zulema Carrillo fue nombrada directora del Centro de Justicia para la Mujer en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval y para muchas resultó el nombramiento parte de “de una cuota política” pues era esposa del director del periódico La Jornada Jalisco (cerrada en 2015) y que no tenía el perfil adecuado para una instancia fundamental que atiende y canaliza a servicios de salud, judiciales, psicológicos y de protección de mujeres violentadas.

Medidas cautelares de papel

Las órdenes de protección que se emiten para mujeres tras poner su denuncia e incluso sin necesidad del procedimiento legal, se salieron de control y “no se trata de poner un policía por mujer”, sino aplicar una política integral de seguridad permeable no solo a los policías de Guadalajara “si no a todas las instancias y autoridades” describe Cartagena quien también litiga el caso del feminicidio a Imelda Virgen aún sin justicia y con audiencias en círculo vicioso.

Edith Olivares del área de incidencia de Amnistía Internacional México, acudió junto a Cladem a Casa Jalisco para colocar un círculo de flores como señal de solidaridad con las organizaciones civiles locales que mantienen exigencias y asesoría técnica para la implementación adecuada de la AVGM. Sostuvieron reuniones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aseguró que aunque cerraron la oficina en Guadalajara “continúan trabajando con el gobierno”.

Hasta el 29 de abril de 2019 hay 70 feminicidios registrados y la Fiscalía General de Jalisco sólo reconoce 13. Desde 2012 que se aprobó un protocolo para determinar los feminicidios, instrumento valorado por organizaciones civiles, se acumulan más de 200 muertes violentas de mujeres sin sentencia, ni reparación de daño.

Alondra, sus hijos en indefensión

Nancy la madre de Alondra Guadalupe González de 20 años que fue encontrada sin signos vitales en su departamento diez días después de parir su segundo bebé, estuvo presente tanto en la vigilia del sábado 27 de abril, como en la rueda de prensa del lunes.

“Me duele Vanesa, me duelen todas”, expresó quien ha tenido que asumir la tutoría de los hijos de Alondra desde hace dos años; ella está peleando la custodia pero las autoridades estatales aunque en el caso penal del feminicidio el padre está imputado como responsable y éste se encuentra prófugo, le exigen a la abuela lo notifique de estar peleándole la custodia, lo que le parece absurdo.

Alondra ya embarazada denunció con golpes visibles y evidencias de estrangulamiento en el Centro de Justicia para Mujeres el intento de homicidio por parte de su pareja; obtuvo órdenes de protección pero los funcionarios no remitieron la misma a quien debía ser su custodia.

Nota: este trabajo periodístico es de Jade Ramirez / @jadercv publicado en el sitio digital ZonaDocs.